De tal forma que, en general mediante la aprobación de la reforma del Ejecutivo, quedarían colmados los objetivos y pretensiones de las citadas diputaciones, por lo que se integren al proemio del Dictamen No. 24 los nombres de las diputaciones que también con sus respectivas iniciativas, coinciden en la pretensión general de
protección a los animales.
Entre las bondades de la reforma de la gobernadora que surge de la colaboración con diversas organizaciones de protección animal, tiene un esquema sancionatorio diferenciado: actos de maltrato o crueldad animal de menor lesividad pena de uno a 5 años de prisión y mayor lesividad pena de 3 a 8 años de prisión.
Además, se establece en la Ley de Protección de Animales Domésticos de Baja California, la creación del Registro Estatal de Agresores de Animales. El cual se concibe como una base de datos de carácter administrativo destinada a identificar plenamente a las personas que cuenten con sentencia firme por los delitos de maltrato y crueldad animal, previstos en el Código Penal local.
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